Yo no me vacuno y asumo la responsabilidad de no hacerlo

Por Enrique Arriola Manchola, médico geriatra. 

Por todos es una cosa conocida que el 85% de la mortalidad por la COVID-19 se ha producido en mayores de 70 años por lo que el número de decesos en las residencias ha sido muy elevado. He leído con estupor en el DV del 9/1/21 que hasta el 20% del personal asistencial de residencias de Gipuzcoa no se iba a vacunar contra el COVID -19 en el ejercicio de su libertad, lo que no he leído es que el ejercicio de la libertad crea responsabilidad y ésta, consecuencias.

Todo el mundo conoce el perfil de usuario de las residencias y de su vulnerabilidad por lo que insistiré poco en ello. Un estudio de la Fundación Edad & Vida, de 2015, caracterizaba el perfil clínico de los mayores que viven en residencias. Los resultados obtenidos indicaron que más del 75% de los usuarios de los centros residenciales para personas mayores tiene tres diagnósticos activos, que el 66% toma más de siete medicamentos cada día, que el 75% presenta algún tipo de incontinencia urinaria, y que el 45% está en una situación de dependencia total. Habría que añadir que el 80% presenta un cuadro demencial (estudio propio).

Ante estos hechos me quiero plantear si como usuario de una plaza residencial quiero que me atienda una persona no vacunada y en caso de incompetencia del usuario si quiero que mi familiar sea atendido por personas que no reúnen condiciones de inmunidad y pueden ser vectores de COVID. Habría que convenir también si las empresas que regentan estos establecimientos o a los que los financian o contratan les interesa tener este tipo de personal contratado. Una de las premisas para que los manipuladores de alimentos trabajen o no trabajen esta en relación con si son portadores o no de una enfermedad infecciosa (por ejemplo la Salmonella). En Estados Unidos hay empresas de este sector que la renovación del contrato trabajo va ligada a tener el calendario vacunal actualizado (hasta ahora solo era la gripe). En este punto habría que hablar del personal sanitario tanto de hospitales como de AP que no se han vacunado de la gripe desde tiempo inmemorial, pero esto será motivo de otra carta y sino pregunten a Osakidetza por sus ratios de vacunación antigripal en su personal. Tampoco quiero hablar del anuncio de falta de colaboración en la campaña vacunal de un centro (centro de dia) financiado desde la propia administración. Tampoco quiero hablar de la extraordinaria lentitud en la vacunación y de porqué Osakidetza no está vacunando día y noche a los vascos ante la grave situación que estamos sufriendo y si no lo están haciendo que alguien lo explique.

Pero volvamos al asunto de la carta. Espero que los que ejerciendo su libertad (ésta, por encima de su responsabilidad social) habrán contratado (si alguien se lo ha querido contratar y no creo que su seguro del hogar cubra esta eventualidad) un seguro de responsabilidad pues el contagio a una persona vulnerable puede ocasionarle la muerte y grandes pérdidas a la sociedad. o ¿es que la empresa que los tiene contratados tiene que asumir también todas las decisiones irresponsables de los que contrata?. Es decir en estos casos estamos hablando de un homicidio, vamos a llamarlo “involuntario”, pero en el fondo, un homicidio, y esto puede tener consecuencias penales.

La libertad está bien, pero conlleva responsabilidades y consecuencias, que también, están bien. 

Enrique Arriola Manchola, médico geriatra.