La formación y futuro de nuestros médicos, por Luis Bujanda Fernández de Piérola

La educación y la sanidad son pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar de las personas. El acceso a la Universidad debe ser asequible para cualquier persona con independencia de su nivel socioeconómico y las Universidades Públicas son, en ese sentido, una garantía de acceso y de limitación de sesgos económicos o de otra índole. Desde la democracia en España se han promovido cuatro grandes reformas universitarias para regular la educación superior, en función del partido de turno que gobernaba,—la Ley de Reforma Universitaria en 1983, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, la modificación de esta en 2007 para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia) y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario— y el debate académico y político sobre las necesidades de reforma y de reestructuración del funcionamiento de la educación universitaria no ha dejado de aumentar y de encresparse.

También desde hace más de una década se han producido diferentes cambios que han ido modificando la igualdad de acceso y de oportunidades. El plan de Bolonia redujo, en general, los años para obtener una licenciatura o grado y apareció la necesidad de realizar estudios post-grado, tipo master, para acceder al mercado laboral, la mayoría en manos privadas y con alto coste económico. Con ello se ha conseguido una semiprivatización de la educación superior, disminuyendo la carga económica de los grados (menos años, menos profesores, etc) y aumentando el negocio de los cursos puentes de especialización para acceder al mercado laboral. Además, la implantación de multitud de Universidades Privadas cuyo objetivo final es obtener un rendimiento económico ofreciendo grados atractivos y demandados y/o ofreciendo plazas de grado a alumnos que de otra manera no podrían realizar los estudios en la Universidad Pública por falta de puntuación.

El grado Medicina, no ha reducido el número de cursos, pero ha originado una explosión de Universidades Privadas en busca del negocio provocado por la alta demanda de estudiar Medicina. En la actualidad hay 39 Universidades Públicas y 14 privadas que ofrecen el grado de medicina. España es el país del mundo con más Facultades de Medicina por habitante. En los próximos años se prevé la apertura de más de 13 Facultades de Medicina. La diferencia de precio de las matrículas es considerable, menos de 3.000 euros en la pública y más de 16.000 euros en la privada. La igualdad de acceso en este caso está cuestionada. Los criterios para crear Universidades y grados, como el de Medicina, cada vez son más laxos y con exigencias de calidad menores, tanto para el profesorado, como en estructuras y medios (Hospitales Universitarios asociados), lo que permite que proliferen las Universidades privadas y grados con alta demanda por parte de los alumnos. Las Universidades Públicas, a diferencia de las privadas, tienen estructuras menos flexibles a los cambios, con personal funcionariado, muchas veces, con escasa motivación al avance que requiere la sociedad, la docencia y la investigación actual. Los intentos por erradicar la endogamia han fracasado con los múltiples cambios en las normativas en función del color político de los Gobiernos. Los Departamentos crecen y se convierten en estructuras ambiciosas para acaparar el poder en las Juntas de Gobierno y Juntas de cada una de las Facultades. Todo ello tiene consecuencia en la implantación de los planes docentes en las Facultades de Medicina descompensados a favor de Departamentos con asignaturas llamadas “básicas” como Anatomía, Fisiología, Bioquímica, Microbiología,Histología, Farmacología u otras, y en detrimento de asignaturas clínicas como Cirugía, Medicina u otras. El Ministerio se inhibe en el diseño y unificación de los planes docentes en el grado de Medicina, de tal modo que existen casi tantos planes docentes como Facultades, lo que hace que la movilidad de alumnos entre Universidades sea casi imposible. Esto último beneficia a las Universidades privadas que impide que los alumnos, una vez entran en el Grado de Medicina, puedan trasladar su expediente a una Universidad pública donde el coste económico es mucho menor. Es imposible convalidar un curso completo de un mismo año en dos Universidades diferentes.

Los médicos que son profesores de asignaturas clínicas, a diferencia de los docentes en áreas básicas, lo son a tiempo parcial (3 o 6 horas a la semana) y lo compaginan con el horario de asistencia clínica sin reducciones en la carga asistencial. El salario de un Profesor clínico asociado con un contrato de 3 horas semanales ronda los 300 euros al mes. Para muchos de ellos es más cómodo obtener ese dinero mediante la realización de guardias, pases de visita extraordinarios o consultas/pruebas extraordinarias para reducir las listas de espera. Además, el desempeñar un cargo docente en la Universidad no puntúa, o de forma muy reducida, en oposiciones en el sistema sanitario público, ni les facilita progresar en la carrera profesional u optar a Jefaturas de Sección, Servicio y Departamento. Todo ello hace que a los médicos no les atraiga la carrera docente que debería comenzar con tareas de investigación y la realización de Tesis Doctoral. Ante esta situación, el número de profesores con asistencia clínica (Catedráticos, Titulares o sus equivalentes) son una especie en extinción. Un ejemplo es la Universidad del País Vasco, en el que en un Departamento clínico, como Medicina, existen más de 130 profesores, de los cuales, solo 6 Profesores son Titulares o Agregados, y un solo Catedrático. De los profesores en este Departamento más de un 60% no tienen la Tesis Doctoral. Los médicos que son profesores no tienen tiempo ni motivación, en general, de ascender en los puestos Universitarios. Por el contrario, los profesores que no son médicos, o médicos que no realizan actividad asistencial, tienen todo su tiempo dedicado a la docencia y la “investigación”. Para ellos uno de sus objetivos es ascender en su carrera profesional dentro de la Universidad y defender sus áreas de conocimiento en los puestos de Gobierno dentro de la Universidad (Juntas de Facultad, Juntas de Gobierno, programas docentes, etc.). El resultado final es que el Gobierno y la dirección de las Facultades de Medicina están dirigidas por personal de Departamentos básicos, que no son médicos, o no realizan actividad asistencial.

Ante este panorama los dirigentes de nuestras Facultades tienen que recurrir a médicos sin el título de Doctor o contratar profesores para impartir clases de las que no son expertos en áreas clínicas médicas. Para paliar la falta de profesores se han rebajado los criterios de acreditación para las figuras de Profesor Titular (Agregado), Catedrático (Pleno) u otras, rebajando los criterios para su obtención por parte de las Agencias Evaluadoras (ANECA). A ello se une que diez Comunidades Autónomas han conseguido que tengan validez sus propias Agencias de Acreditación para evaluar la acreditación de profesores, la apertura de nuevas Universidades y Grados. Todo ello hace que exista gran variabilidad y laxitud en los criterios de acreditación afectando, en mi opinión, a la calidad de los profesores, de los grados y de las nuevas Universidades.

La docencia práctica de los alumnos en los Hospitales “Universitarios” (queda muy bien el apellido) es cada vez más complicada. Las trabas administrativas para hacer prácticas (dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos con control horario de los alumnos en los Hospitales), la imposibilidad de acceso a los historiales médicos por las leyes de protección de datos, la ausencia de motivación de los médicos a dar docencia por falta de tiempo (les retrasa su labor asistencial), la baja remuneración o la sobrecarga de alumnos por médico lo que hace que la formación práctica de los alumnos haya empeorado en los Hospitales y centros de Salud en estos últimos 20 años.

Tampoco la situación final tras el grado de Medicina es halagüeña. Ahora hay más de 53 Facultades de Medicina. Sólo en las Facultades de Medicina de Universidades públicas se ofrecen 6.600 plazas que sumadas 2.000 plazas de las 14 universidades privadas (a una media de 150 alumnos) asciende a 8.600. A ellos hay que sumar los estudiantes que realizan el grado de Medicina en el Extranjero y que posteriormente vuelven a España. Aunque no existen cifras exactas se calcula que más de 1.000 españoles estudian Medicina fuera del país, especialmente en países europeos como Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Italia o Portugal. Si sumamos los alumnos egresados que saldrán de las nuevas Facultades creadas en los últimos 6 años más las que se pretenden autorizar (más de 13) la cifra asciende al menos a 2.000 licenciados más. En resumen, nos encontramos con más de 11.600 alumnos que pueden finalizar la carrera de Medicina. En el último año se han presentado al MIR 13.691 médicos, de los cuales 4.111 (30%) son extranjeros, para 9.007 plazas. La pregunta es ¿Se deben seguir incrementando las Facultades de Medicina? Si seguimos a este ritmo crearemos una bolsa de médicos sin trabajo que no podrán optar al MIR o tendrán que irse a otros países o dedicarse a otras cosas. En vez de, importar médicos, exportaremos médicos y los que tendremos aquí serán con unas condiciones laborales peores en tipos de contrato, salarios y horarios, ideales para las empresas de sanidad privada y para la sanidad pública. ¿Es realmente lo que buscan?

Y ante esta situación ¿Que posibles soluciones hay?

•  Llegar a un gran acuerdo político que regule la educación superior cuyo objetivo sea la calidad de la docencia y de los grados. Favorecer la accesibilidad para todos alumnos sin discriminación
• Unificar los planes docentes del grado de medicina en todas Universidades orientados a la práctica clínica y a la resolución de problemas. Que el peso de las asignaturas llamadas “básicas” (anatomía, bioquímica, fisiología, estadística, farmacología, microbiología, histología, física, entre otras) sea inferior a 120 créditos y se limite su impartición como máximo a los dos primeros cursos del grado Incluso que el grado de Medicina sea de 5 años, en vez de 6 años.
• Restringir la apertura de más Facultades de Medicina y evaluar la calidad de las actuales. Para ello obligar a que el 90% de los profesores de las Facultades sean Doctores, que más del 60% de los profesores de la Facultad sean médicos con práctica asistencial en los Hospitales Universitarios o Centros de Salud adscritos donde se da la docencia práctica, que más del 10% de los profesores médicos con asistencia clínica sean Catedráticos/Plenos o Titulares/agregados y que el sueldo por sus tareas de Profesor sea al menos de 1.000 euros al mes.
• Frenar el aumento de alumnos en las Facultades ya existentes.
• Aumentar el peso de los Profesores con asistencia clínica en los órganos de decisión de las Juntas de Facultad y Juntas de Gobierno. Que más de un 60% sean médicos con asistencia clínica.
• Estimular a los médicos en la carrera docente (Tesis Doctorales) e investigadora, y para ello, es necesario su reconocimiento en tiempo (disminución del tiempo asistencial), en salario, en los concursos, en la carrera profesional y en las jefaturas de Servicio y Sección de los Hospitales Universitarios (consultar documento; Bujanda L. Independent clinical research: hobby or profession. Gastroenterol Hepatol. 2022 Dec;45(10):786-787)
• Unificar los criterios de evaluación del profesorado sin disminuir los criterios de calidad y exigir que los profesores sean, al menos, Doctores.
•  Mejorar y facilitar las prácticas de los alumnos en los Hospitales Universitarios como por ejemplo; facilitando el acceso a las historias clínicas con restricciones, disminuir el número de alumnos por profesor en las prácticas sin que repercuta en las horas asignadas a los profesores, facilitar a los alumnos que quieran rotar de forma voluntaria por los Hospitales o Centros de Salud fuera del periodo lectivo sin necesidad de cotizar a la Seguridad Social mediante una carta de renuncia del propio alumno, eliminar el fichaje horario provocado por la obligación a cotizar a la Seguridad Social en España por las prácticas (que sea automático en función de los créditos de prácticas en los que se ha matriculado el alumno).
•  Aumentar las plazas MIR. Evitar que queden vacantes las plazas MIR por las renuncias, por ejemplo, penalizando a los médicos que renuncien a su plaza de especialización impidiendo que se vuelvan a presentar el año siguiente. Continuar con la eliminación del punto de corte para elegir las plazas MIR.
• Reducir el número de médicos extranjeros que acceden al examen MIR. Comprometer a los médicos extranjeros que se han formado por el sistema MIR a ejercer al menos durante 5 años su especialización en España.
• Prohibir y/o limitar que las Academias que preparan a los médicos al examen MIR (un auténtico negocio y oligopolio) capten y formen alumnos antes de sexto de Medicina. Actualmente las Academias acuden en 3º-4º de medicina a captar a los alumnos, y a partir del quinto curso ya están preparando a los alumnos para el examen MIR. Una manera de limitar esta práctica es dar 2 puntos a aquellos licenciados que se presenten al examen MIR sin estar inscritos en academias y que se acredite mediante declaración jurada del médico. Los ocho puntos restantes se obtendrían de la nota en el examen MIR.

Publicado en Diario Médico el 29 septiembre 2025

Luis Bujanda Fernández de Piérola Catedrático de Medicina Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Especialista de Aparato Digestivo. Investigador CIBERehd – Instituto Biogipuzkoa