Los médicos se enfrentan cada día a situaciones conflictivas en las consultas, que en ocasiones implican agresiones, bien verbales, bien físicas, que muchas veces no se denuncian y por tanto quedan como no ocurridas. El Colegio de Médicos de Gipuzkoa tiene entre sus objetivos dar un protagonismo más im­portante a todos estos ataques que sufren los médicos en nuestro territorio para que ninguno quede sin reflejarse aunque sea de modo anónimo.

El simple hecho de proporcionar una información dife­rente a la que el paciente, o su familia, quiere escuchar; la negativa a certificar una baja o a prescribir un deter­minado medicamento, pueden ser el desencadenante de una conducta agresiva. Por eso sólo con una sólida relación médico-enfermo puede realizarse una atención de calidad, lo que es imposible cuando se produce una ruptura violenta de la misma, que repercutirá sobre el servicio sanitario generando intranquilidad y descon­fianza en el resto de los pacientes.

Las conductas violentas, aunque no lleguen a la agre­sión física, no deben permitirse en ningún caso y de­ben atajarse desde la propia consulta —denunciando o acudiendo al Colegio de Médicos—, puesto que rom­pen algo tan básico como el vínculo de confianza que siempre debe existir en la relación médico-paciente, fundamental para la consecución de los objetivos de la relación clínica. Además, esa conducta agresiva —si no es sancionada como se merece— puede influir en que el médico ceda ante el paciente cayendo en el pacto de silencio lo que es inaceptable pues constituye una mala praxis de la medicina y un perjuicio para la sostenibili­dad de la sanidad en general.

Con el fin de atajar los cada vez más numerosos actos de agresión de todo tipo de que venían siendo objeto los facultativos que prestan servicio en los centros médicos y hospitalarios del País Vasco, y al mismo tiempo procu­rar agilizar los trámites procedimentales necesarios, las Fiscalías del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de las Audiencias Provinciales de Álava y Guipúzcoa, y los Colegios Oficiales de Médicos de Gipuzkoa y Bizkaia y Álava tomaron en 2007 la decisión de poner en mar­cha una determinada forma de actuación, teniendo en cuenta la especial organización y los medios materiales con los que cuentan.

El protocolo, vigente hoy en día, es el que se aplica en nuestro Colegio, que dispone de un servicio de Aseso­ría Jurídica que en el caso de que el médico lo solicite prepara la denuncia y defiende al colegiado que ha sido agredido en el juicio. El Colegio asume el importe de los gastos judiciales generados, incluidos los de Procurador. A nivel estatal, la entrada en vigor en julio de este mismo año de la Ley Orgánica del Código Penal ha permitido que se contemplen las agresiones a sanitarios como deli­to de atentado contra la autoridad para los médicos fun­cionarios y conlleva hasta cuatro años de cárcel.

En Euskadi, el mencionado protocolo aprobado en 2007 ya establecía que “todo acometimiento, empleo de fuer­za, intimidación grave o resistencia activa también grave realizados contra un médico que tenga la condición de funcionario público y se encuentre en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de delito de atentado (cf. artículos 550 y 551 CP), sin perjuicio de la calificación que, en su caso, merezca el concreto resultado lesivo”. Dice, además, que “no será obstáculo para estimar la existencia del delito de atentado el hecho de que aque­llos actos se hayan producido fuera del centro o lugar de trabajo del facultativo, siempre y cuando estuvie­sen motivados por la condición de médico que tuviere la víctima o por su previa actuación profesional (como tal funcionario público)”. Asimismo, establece que “las agresiones verbales de que sea objeto un médico —fun­cionario público o no— serán calificadas como delito o falta de coacciones, amenazas, vejaciones, injurias, etc., en función de la gravedad y las circunstancias concretas de cada caso”.

Por todo ello, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa se comprometió a informar convenientemente a sus cole­giados de que los partes de lesiones que emitan en su práctica profesional, como consecuencia de la atención a un médico que hubiere resultado agredido en el ejer­cicio de sus funciones o como consecuencia de ellas, “deberán ser remitidos directamente al Colegio” a fin de que por éste y en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “sea remitido vía denuncia a la Fiscalía correspondiente, en lugar de hacerlo al Juzgado o a la Policía, y ello con la finalidad de evitar la duplicidad de procedimientos”.

Además, y como se explicaba anteriormente, nuestra institución se encarga de recibir y tramitar las denuncias que presenten aquellos médicos que sean agredidos, haciendo cumplimentar el parte de denuncia corres­pondiente, y pudiendo establecer en la propia denuncia que el domicilio a efectos de notificaciones sea la sede del propio Colegio, para garantizar así la seguridad del profesional. También remite la denuncia junto con el parte de lesiones, en su caso, bien a la Fiscalía o bien al Juzgado correspondiente según proceda. El trabajo del Colegio de Médicos de Gipuzkoa tiene como objetivo la tolerancia cero respecto a estas prácticas, una actitud que debe contar con la colaboración de todos los profe­sionales desde las propias consultas.

Erasoen aurrean zero tolerantzia
Eguneroko kontua da, eta egunetik egunera ohikoagoa zoritxarrez, gure kontsultetan ga­tazka-egoerei aurre egin beharra. Eraso-egoerak izan ohi dira, ahozkoak bezala baita ekin-tzazkoak ere, sarritan salatzen ez direnak eta, horrexegatik, gertatu ez balira bezala gerat­zen direnak. Bere helburuen artean Elkargoak protagonismoa eman nahi die medikuek jasaten dituzten era guztietako erasoei, horietako bakar bat ere islatu gabe gera ez dadin.